Washington D.C., 13 de enero de 2026.

En una acción decisiva para la defensa de la libertad en nuestro país y en todo el continente, nuestro presidente y fundador, el señor Ricardo B. Salinas Pliego presentó formalmente una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por la persecución política en su contra iniciada en 2023.

La presentación se dio en el contexto de una reunión de alto nivel en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Washington D.C. con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

La denuncia señala la persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, destinada a restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público, todo en clara violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la conversación, se detallaron las diversas herramientas de represalia utilizadas como:

• Criminalización de la crítica: se documentó cómo el Estado utiliza los medios de comunicación y vocerías oficiales para dañar la reputación del señor Salinas Pliego y sus empresas con el objetivo de silenciar la disidencia. Ejemplo de ellos son las +300 conferencias matutinas dedicadas a sus asuntos.

• Hostigamiento administrativo: las empresas de Grupo Salinas han sido objeto de auditorías excesivas por parte de todo el aparato institucional del Estado, duplicándose en las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum respecto a periodos anteriores.

• Captura del Poder Judicial: el documento advierte que la reciente reforma judicial en México ha erosionado la independencia de los tribunales, dejando a los ciudadanos sin acceso a una justicia imparcial frente a los abusos del Ejecutivo.

• Uso político del aparato fiscal: Salinas Pliego expuso que, a pesar de su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado ha respondido con negativas y trato discriminatorio, evidenciando un fin coercitivo y no recaudatorio.

A través de esta acción, se solicita al organismo internacional que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición que restauren la independencia judicial y protejan la libertad de expresión y el derecho de propiedad en nuestro país.