Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2025.

Para sorpresa de nadie, por segunda vez en menos de una semana, los ministros de la ilegítima Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron hoy casos relativos a nuestras empresas y nuestro presidente fundador, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Lo hicieron, al igual que hace unos días, por consigna política y no conforme a derecho.

En un episodio más de este modus operandi del “nuevo” tribunal constitucional, los ministros votaron completamente en línea con el dictado de Palacio Nacional, violando principios fundamentales del Estado de Derecho como el de legalidad, el debido proceso y la igualdad de trato ante la ley. Con absoluto descaro y sin pudor alguno, otra vez desdeñaron nuestros argumentos –apegados a ley y criterios jurídicos sólidos– sin mayor análisis ni discusión del fondo, mucho menos respetaron y salvaguardaron el orden constitucional.

Aún más graves son las evidentes contradicciones y discrecionalidades exhibidas por esta Corte espuria, en particular al privarnos de nuestro derecho a una justicia objetiva e imparcial al revertir un impedimento otorgado en diciembre de 2024 por la extinta Segunda Sala de la SCJN para que la ministra Lenia Batres conociese de nuestros asuntos, quien ha demostrado pública y sistemáticamente su prejuicio y sesgo en torno al señor Salinas Pliego y sus empresas. Una muestra más de que hoy la justicia es una herramienta selectiva al servicio del poder político y no para proteger los derechos de los mexicanos.

De igual forma, resulta paradójico y muy preocupante que, mientras que apenas la semana pasada este grupo de ministros ilegítimos rechazaron revisar el fondo de nuestros amparos por falta de cuestiones de constitucionalidad, ahora se contrapongan al admitir entrar al fondo de las sentencias solo porque las autoridades fiscales se los instruyen. Es tal el nivel de sumisión de esta Corte que, pese a que los ministros Espinosa Betanzo, Ortiz Ahlf y Esquivel Mossa señalaron que no existe cuestión de constitucionalidad, el resto de los ministros del acordeón confirmaron esta evidente contradicción para satisfacer las órdenes de Palacio Nacional.

Con todo esto, la Corte espuria vuelve a exhibir su verdadera intención y motivación política: invalidar y revocar cualquier sentencia que proteja nuestros derechos para allanar el camino y así cumplir el mandato que les ha marcado el Poder Ejecutivo. Otra clara evidencia de que la división de poderes en nuestro país simplemente ya no existe.

Ante este atropello sistemático de nuestros derechos humanos, hoy reiteramos que estas decisiones de una Corte ilegítima NO son definitivas. Convencidos de que nos asiste la razón ética y jurídica, seguiremos defendiendo nuestras causas y derechos ante otras instancias nacionales e internacionales.

Igualmente, no podemos dejar de insistir en lo alarmante que resulta esta justicia amañada y selectiva por la señal de incertidumbre que envía el Estado mexicano –hoy cooptado en su totalidad por MORENA– para la inversión nacional y extranjera, así como para la confianza empresarial en el país, sobre todo de cara a la revisión del T-MEC el próximo año.

Nuestra voluntad de pagar lo que es justo y correcto siempre ha estado presente, pero lo que no haremos jamás es conceder ante pretensiones abiertamente excesivas e ilegales. Ese es nuestro deber fiduciario y responsabilidad para salvaguardar los miles de empleos que generamos y seguir defendiendo las libertades de todos los mexicanos, en particular la libertad de expresión.

Por más que intenten intimidarnos y acallarnos, no lo van a lograr. Y, aunque les incomode, aquí vamos a seguir por muchos años más.